En tres meses entra en vigor el decreto 1/2013 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, al que las personas con alguna discapacidad o movilidad reducida podrán acogerse para denunciar las barreras arquitectónicas con las que se enfrentan cada día.

Por ello, las comunidades de vecinos, empresas, negocios, asociaciones y ayuntamientos que no eliminen las barreras arquitectónicas antes del 4 de diciembre de este año, se arriesgarán a recibir sanciones que van desde los 301 euros al millón de euros. Sin embargo, a solo un par de meses de que entre en vigor este decreto, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) de la Comunitat Valenciana aseguraba hace unos días que es imposible que estos plazos se cumplan ya que en 20 años no se han hecho los deberes, y hay demasiadas barreras todavía para este colectivo. Desde el transporte público hasta las propias aceras, pasando por los edificios que todavía carecen de ascensor y rampa, quedando así estos vecinos “atrapados” en sus viviendas.

Con todo ello, el Ministerio de Sanidad ha previsto tres tipos de sanciones.

INFRACCIONES LEVES

  • Grado mínimo: de 301 euros a 6.000 euros
  • Grado medio: de 6.001 euros a 18.000 euros
  • Grado máximo: de 18.001 euros a 30.000 euros

 

INFRACCIONES GRAVES

  • Grado mínimo: de 30.001 euros a 60.000 euros
  • Grado medio: de 60.001 euros a 78.000 euros
  • Grado máximo: de 78.001 euros a 90.000 euros

 

INFRACCIONES MUY GRAVES

  • Grado mínimo: de 90.001 euros a 300.000 euros
  • Grado medio: de 300.001 euros a 600.000 euros
  • Grado máximo: de 600.001 euros a 1.000.000 euros

 

La Administración, por su parte, concede ayudas para subvencionar parte de estos trabajos, aunque los plazos son breves y hay que estar muy atentos.

Desde GRUPO TELDOMO estamos muy sensibilizados con el daño social que supone la falta de accesibilidad de muchos edificios, por ello ponemos a su disposición nuestro gran equipo de profesionales y una financiación a su medida a fin de que puedan realizar los ajustes necesarios en su edificio para terminar con esta lacra y, además, evitar así cualquier tipo de sanción.

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