El problema de la falta de accesibilidad en España para personas con discapacidad es una cuestión relevante que afecta a aproximadamente 100,000 personas, según un estudio de la Fundación Mutua de Propietarios. Este problema no solo limita la movilidad de los afectados, sino que también provoca un profundo aislamiento social y dificulta la posibilidad de trabajar o estudiar, teniendo un impacto significativo en la salud mental de estas personas.

El estudio destaca que el 87% de los edificios en España necesitan ser adaptados para ser accesibles, y el 22% de las personas con movilidad reducida se han visto obligadas a mudarse debido a la falta de accesibilidad en sus viviendas.

La Ley de Propiedad Horizontal en España tiene disposiciones destinadas a abordar este problema. Obliga a las comunidades a realizar «ajustes razonables en materia de accesibilidad universal» a solicitud de personas con discapacidad o mayores de 70 años. Sin embargo, existe una limitación financiera: las comunidades solo están obligadas a asumir el costo total de la reforma si no excede doce mensualidades ordinarias de gastos comunes. Si supera este límite, la persona afectada debe asumir el costo restante.

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) aboga por una reforma urgente de la Ley de Propiedad Horizontal. Solicitan que las medidas necesarias para promover el derecho a la vivienda de las personas con discapacidad se lleven a cabo, garantizando su autonomía personal y libertad de movimientos. COCEMFE propone que los costos de obras y actuaciones de accesibilidad en elementos comunes de los edificios residenciales sean asumidos en su totalidad por las comunidades vecinales. También abogan por proporcionar ayudas públicas suficientes para hacer que el esfuerzo económico sea llevadero tanto para las comunidades de propietarios como para los residentes afectados.

Es importante destacar que existen ayudas económicas a nivel municipal y autonómico para estas reformas, con el objetivo de facilitar la financiación de las obras por parte de las comunidades de vecinos. Se ha trabajado en simplificar la complejidad administrativa de estas ayudas en los últimos años para que tengan un mayor alcance. Además, se establece que cuando estas ayudas alcancen el 75% del importe de la obra, su realización se vuelva obligatoria, incentivando así la implementación de medidas de accesibilidad.

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